Nuria revela identidad de funcionarios que también proveen al Estado

La periodista Nuria Piera, en la edición de este sábado de su programa Nuria investigación periodística, reveló la dualidad en el rol de algunos funcionarios, que por un lado forman parte de la administración pública y por otro son proveedores de bienes y servicios, en franca violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

Esta Ley explica que una gran variedad de funcionarios de los poderes Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no podrán ser oferentes ni contratantes de servicios del Estado, incluso seis meses después de haber cesado en sus funciones.

Nuria hizo una relación de funcionarios que prestan sus servicios o bienes al Estado, pese al interés mediático del Presidente en este tema:

El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Erick Hazim, nunca nos concedio una entrevista sobre el tema y eso que su eslogan es “Transparencia para el Progreso

Licenciada Maritza López de Ortiz:

Es la administradora general del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (Inavi), con rango de secretaria de Estado y presidenta del Partido de Acción Liberal (PAL). administradora de la Región II de la Secretaría de Estado de Salud Pública, y técnica en el Departamento de Economía Agropecuaria de la Secretaría de Estado de Agricultura. En el año 2004 fungió como directora general de Pasaportes durante cuatro años.

Mientras ejercía sus funciones públicas también es empresaria, es propietaria junto a su esposo e hijos de la compañía Electromédica, S.A., ubicada en la Ortega y Gasset No.42, en el ensanche Naco, son proveedores del Estado, y están registrados con el código 2362 en el renglón de Productos Médicos, Farmacia y Laboratorio en el listado de proveedores la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Le venden equipos médicos al Ministerio de Salud Pública. En un reporte de pagos efectuados por el Ministerio de Salud del 1 de enero al 20 de mayo del año pasado (del cual tiene copia Nuria y mostró en su programa de televisión), se puede ver que Electromédica S.A. recibió un pago por la suma de RD$ 16,966,279.46. Y en otro, de cuentas por pagar, el Ministerio le debe desde marzo del año pasado la suma de RD$ 6,868,969.00.

En una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo consta que dicha empresa tiene como actividad comercial principal la prestación de servicios comerciales a instituciones y personas públicas y privadas en el campo de la ingeniería de equipos médicos y de comunicación en general, y fue constituida el 6 de enero de 1978 y sus accionistas en ese entonces eran: Héctor Bienvenido Ortíz Caminero, su esposo; Prudencio Vidal López Sánchez, su padre; Nicolaza Castaños de López, su madre; Maritza Altagracia López de Ortíz, directora del INAVI entre otras personas.

Pero según esta misma certificación de la Cámara de Comercio, en una Asamblea General Ordinaria que realizaron en fecha 25 de octubre del 2011, ahora figuran como accionistas: Hector Bienvenido Ortiz Caminero, su esposo; Francisco Ortiz López, su hijo; Michelle Ortiz López, su hija entre otros.

Maritza López ya no está en el listado de accionistas, pero como quiera está violentando el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas en su numeral 5, que reza:

“Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas, no pueden ser proveedores del Estado”.

“Una de las practicas generalizadas en nuestro pais es que funcionarios públicos y servidores tienen empresas que sirven de suplidoras al Estado Dominicano, obviamente aqui estamos ante un serio y profundo conflicto de interes por un lado y es una forma de violentar las leyes y las disposiciones que tanto a nivel nacional como internacional establecen mecanismos para evitar que se aproveche la participacion en el Estado para obtener beneficios de manera particular”, dijo Nuria.

Gerardo Gonell Santana:

Desde el 2008 es supervisor de la Región Norcentral del Inespre con un sueldo de RD$ 30, 000.00 pesos, según la nómina de la institución. Es Regidor del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Jacagua, Santiago, devengando un salario mensual de RD$ 34, 000.00 desde el año 2009.

Sin embargo, también es el director Administrativo y Financiero del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa) desde agosto del 2011, ganando RD$ 50, 000.00 mensuales.

“Y por si fuera poco, le vende pan y bizcochos al Ministerio de Educación para el desayuno escolar de toda la Región del Cibao”.

Según un informe del Ministerio de Educación, uno de los pagos que recibió Panificadora Gonell o Gerardo Gonell Santana en el 2011 fue de RD$ 687,063.02 mediante cheque No.34182.

En la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas aparece su negocio registrado bajo el nombre de Empresas Gonell SRL, ubicado en la avenida Circunvalación No.4, en Santiago, pero en esa dirección no está ubicada esta empresa y el número de teléfono que tiene registrado es el de su casa, ubicada en la Capital. Mientras que en la Cámara de Comercio no figura ningún registro de negocio con este nombre.

La Ley de Compras y Contrataciones (340-06) establece de forma clara, en su artículo 14, quiénes no pueden ser proveedores del Estado, y ahí indica que ningún funcionario público, servidor de oficina centralizada o descentralizada del Estado, ninguna autoridad de los ayuntamientos, ningún funcionario de dirección del Estado puede vender o recibir bienes o servicios al Estado.

Contralmirante Luis Rafael Lee Ballester:

Es General de la Marina de Guerra y actual director del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y a su vez propietario del Restaurant D' Luis Parrillada, ubicado en la avenida George Washington y es suplidor del Estado en el renglón de alimentos y bebidas con el código 11861.

Thania Mercedes Baez Dorrejo:

Es regidora por el PLD de la Circunscripción no. 1 del Distrito Nacional y subdirectora del INVI. Aún cuando no está en el listado ni en la nómina de la institución, luego de una denuncia hecha por nosotros (Nuria, investigación periodística) por violar la Ley del Servidor Público que prohíbe que un funcionario reciba dos sueldos del Estado, Báez Dorrejo aparece en el listado de proveedores del Estado en el renglón de Audiovisuales con el código 9947, ubicada en la Gustavo Mejía Ricart esquina Lope de Vega, donde funciona otra empresa desde hace muchos años y no la conocen, y es la dirección que está en la lista actualizado de los proveedores del Estado.

Wandel Cuevas Peña:

Es Viceministro del Ministerio de la Juventud, dirige el Programa Barrio Joven y, según una certificación de la Cámara de Comercio y Producción, es propietario de la empresa IES Blear, cuya actividad comercial consiste en la comercialización y distribución -al por mayor- de productos farmacéuticos, utensilios y equipos electrónicos. Está ubicada en el barrio Duarte de Las Palmas de Herrera.

Según la certificación se constituyó en el 2007, y su registro mercantil estuvo vigente hasta septiembre del 2011.

Es proveedor del Estado con el código 6858 y suple medicamentos al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, y al Ministerio de Salud Pública.

La violación a la Ley 340-06 contempla sanciones muy concretas que van referidas a la suspensión de estos funcionarios públicos, al no pago de sus salarios por un periodo determinado o puede ser la suspensión definitiva

Comunidad Digna ¿contra la pobreza o a favor de la familia de su directora?

En la parte final de esta investigación, Nuria revela que Juana Sánchez dirige la Dirección General de Comunidad Digna desde el año 2004. Esta dirección tiene como misión promover el desarrollo integral de las personas, grupos y comunidades que viven en situación de pobreza e indigencia.

“Pero parece ser que los que verdaderamente se benefician de comunidad digna son los familiares de la directora ya que la mayoría de ellos son los suplidores de la Institución”, dijo la reputada periodista, para de inmediato empezar a citar los ejemplos en los que sustenta su señalamiento:

Rosalba Elizabeth Morera Sánchez (hija)

Es hija de la directora de Comunidad Digna, y según una certificación de Impuestos Internos es accionista de la compañía Detalles G&R CxA. Junto a su esposo Ricardo Aybar Féliz y Glenys de la Cruz, son proveedores del Estado bajo el código 3143, y suplen a Comunidad Digna de canastas navideñas y canastillas de bebe.

“Llamamos al teléfono que tienen registrado en el listado de proveedores del Estado y allí contestan normal como si fuera de una casa de familia, pero cuando preguntamos dicen que es la Farmacia Ideal y que también funciona detalles GyR, de la que la dependiente no supo dar detalles”.

Ricardo Rafael Aybar Féliz (yerno)

Es el yerno de Juana Sánchez, esposo de su hija Rosalba, y tiene la empresa Ram Mega Soluciones. Junto al subdirector Administrativo de Comunidad Digna, el licenciado José Ant. Lara Mejía, le suplen a la institución equipos de computación.

Estos dos últimos, además de violar la Ley de Compras y Contrataciones Públicas también violan la Ley 41-08 de Función Pública, porque, además de familiares de la directora de Comunidad Digna y proveedores del Estado, son empleados públicos.

Rosalba es Ministra Consejera en Panamá nombrada el año pasado mediante el decreto 345-11, pero actualmente trabaja en Funglode en el Departamento de Eventos, como coordinadora de la Copa Funglode; y su esposo Ricardo es empleado de la CDEEE, como miembro del consejo directivo de la Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana con un salario de RD$130,000.00.

Ramón Leonel Pérez Martínez y Ramón Leonel Pérez Sánchez (ex esposo e hijo, respectivamente)

Son los propietarios de Impresora Perez, la cual tiene como actividad económica las artes gráficas, producción industrial, servicios generales, y todo tipo de impresión. Éstos también son proveedores del Estado con el código 1627, y, por supuesto, suplidores de Comunidad Digna.

“La ley va mas allá porque establece que familiares de funcionarios públicos no pueden ser oferentes del Estado Dominicano a través de empresas que tienen como propiedad o a través de una modalidad que lamentablemente se ha estado usando mucho en el país y es que a través de funcionarios públicos tienen testaferros a nombre de los cuales crean algún tipo de empresa para que por esa vía estén dando servicios y ofertando bienes o contrataciones al Estado Dominicano”.

Otros casos de violación a la Ley 340-06

Juan Bautista Lizardo Mezquita:

Es hermano del Contralor General de la República, el licenciado Simón Lizardo Mezquita, y presidente de la empresa J. Lizardo y Asoc., es proveedor del Estado en el rubro de Construcción y Edificaciones con el código 15352.

Elías Narcizo Eduardo Wessin Betances:

Es hermano del Administrador de Bienes Nacionales y suplidor del Estado en el área de construcción y edificaciones con el código 10415.

“Yo creo que este tipo de practica no pueden permitirse en nuestro país y que la Dirección de Compras y Contrataciones tiene la responsabilidad de investigar a profundidad estos casos y de someter y establecer las sanciones de lugar a aquellos funcionarios públicos que están incurriendo en este tipo de práctica”, opinó la periodista Nuria Piera.

“Mientras, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Erick Hazim, nunca nos concedio una entrevista sobre el tema y eso que su eslogan es “Transparencia para el Progreso””, terminó diciendo.

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